El informe encargado, denominado, “Propuestas de Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español” por el ministro Wert a un grupo de nueve expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español contiene los elementos necesarios para liquidar el sistema universitario público actual y dejarlo preparado para su privatización.

 

De todas formas, la huida en el camino de dos de sus expertos y el voto particular, recogido en una adenda de dos de los miembros que quedaron, señalan los vicios de un informe que ni siquiera contenta a sus filas, y plantea serias dudas de su viabilidad jurídica, en particular, su entronque constitucional.

 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

 

La primera y gran duda constitucional del documento es el de la vulneración de la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA; son muchas las dudas que plantea el texto sobre ese principio constitucional, que ha permitido el desarrollo de una institución que ha contribuido, como pocas, al avance económico y social de nuestro país.

¿Qué necesidad tenían de una reforma universitaria, cuando las universidades públicas funcionan razonablemente bien y es una de las instituciones mejor valorada por los españoles?

 

MODELO DE UNIVERSIDAD DESCONTEXTUALIZADO

 

El informe se sustenta en un modelo de universidad que no tiene viabilidad en nuestro país ni conecta con la tradición y el contexto cultural, social, educativo y universitario europeo. Las universidades con las que sueñan algunos sabios y el propio ministro son las del mundo anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, cuando nuestras referencias son Alemania o Francia y los países que han construido y que constituyen la Europa actual.

 

AFÁN PRIVATIZADOR

 

Las universidades públicas no se han librado de política del Gobierno actual basada en la privatización. ¿Podemos permitirnos en estos momentos una aventura que supone una ruptura de incalculables consecuencias?

 

PRECEDENTES

 

Lo recogido en el informe no es nuevo, ya pudimos leer en su día sobre la gobernanza en el documento de Botín (Banesto), titulado Estrategia Universidad 2015, y que no es otra cosa que el intento de conversión de la universidad en una empresa, privatizando sus servicios, cuestión no compartida por los que defendemos los valores de la universidad pública como un bien para todos y todas.

 

ELIMINACIÓN DE LA DEMOCRACIA INTERNA

 

El modelo de gestión empresarial privada que se propugna como base del funcionamiento de la universidad pasaría por eliminar la democracia interna, tanto en los órganos unipersonales como en los colegiados.

Se pretende que el Consejo de la Universidad se convierta en el órgano máximo de decisión, que se construiría y funcionaría como el Consejo de Administración de una empresa. Este

Consejo designaría al rector, que debería reunir cualidades empresariales (puro mercantilismo) y no académicas.

Desaparecería el sistema democrático actual por el que se eligen, además del rector, los decanos de los centros y los directores de los departamentos. Sería el rector, una vez designado, el que nombraría al resto de los órganos unipersonales de gobierno. Los decanos y directores perderían su autonomía y pasarían a ser miembros del equipo empresarial del rector.

 

UTILIZACIÓN DE CRITERIOS EMPRESARIALES EN LA CONTRATACIÓN

DEL PROFESORADO

 

También destila criterio empresarial la propuesta de sustitución del sistema actual de selección y contratación del profesorado. Claramente, molestan los funcionarios, porque su libertad de cátedra los libera de servidumbres políticas e ideológicas. Se propone la contratación directa de profesorado, sin acreditación nacional, con sueldos ‘a medida’ y una mera entrevista para su selección (traducido: a dedocracia).

No podemos entender cómo se puede afirmar, por una parte, que existe endogamia universitaria y, por otra, proponer que se solucionaría fomentando las contrataciones a dedo, sin olvidar que, en caso de reestructuración de plantillas, los primeros despidos son siempre los contratados laborales.

 

VUELTA AL SISTEMA DE HABILITACIÓN NACIONAL QUE SE RECOGÍA EN LA LOU

 

¿Acaso piensan que manteniendo el ‘nombre’ proponen algo diferente? El nuevo procedimiento que están intentando vender es la archiconocida habilitación. Ya sabíamos que algunos tenían verdadera nostalgia de esos tiempos en los que se podía ejercer el poder con absoluta impunidad, a pesar de haberse demostrado sobradamente su falta de viabilidad.

 

PECULIARES RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA ENDOGAMIA

 

Recomiendan que no se contrate a nadie que se haya formado en la universidad contratante, salvo que haya estado fuera 36 meses. Es decir, por normativa se van a destrozar (posiblemente) equipos de investigación que estén funcionando bien por el simple hecho de que tienen que irse para poder algún día estabilizarse en su puesto de trabajo y luego ‘si tu me dices ven… lo dejo todo’ y vuelta a empezar.

No tiene ningún sentido esta imposición, salvo si se desea que las cosas no funcionen.

 

DESPRECIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE

 

En tanto se establece la habilitación (hay que llamar a las cosas por su nombre), se proponen tres modificaciones muy sustantivas en la evaluación del profesorado funcionario: Aumentar la valoración de los méritos de investigación (85% y 20 puntos por sexenio), reducir los méritos docentes (15%, sin especificar cómo se deben valorar) y eliminar los méritos de gestión. Estas tres medidas pueden llegar a tener adeptos o detractores en función del beneficio personal que se pueda llegar a obtener, pero es obvio que hay que analizarlas objetivamente sin componentes subjetivos.

A juicio de FETE-UGT, la propuesta de aumentar el peso de la investigación con relación a la docencia no justifica en ningún caso el carácter docente e investigador del profesorado, más aún cuando se propone otra vía de contratación que no exige ningún requisito de partida.

Además, las condiciones actuales de las universidades no son uniformes y la trayectoria personal de cada profesor depende de las condiciones donde se haya desarrollado su trabajo. No es igual integrarse en un grupo de investigación consolidado, con una gran productividad científica, que comenzar a crear un grupo nuevo teniendo además una gran carga docente.

 

SACRALIZACIÓN DE LOS SEXENIOS

 

Intenta situar los sexenios (sin pensar en una revisión de algo que se inició hace muchos años) como los ‘oscars’ de las universidades. Pretende convencer de que los sistemas de gobierno de las universidades europeas van por el camino de lo que exponen. Indica la importantísima labor de formación que tendrían ciertas universidades, pero no vuelve a hablar de esto nunca más, parece que por ‘importantísima que sea la labor’ las dejaría a pan y agua. El rector nombraría a dedo determinados cargos académicos, mientras que otros serían electos. ¿Por qué? Y otros muchos puntos que deben ser estudiados con espíritu constructivo y por supuesto crítico.

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

 

Es muy sintomático el ninguneo del Personal de Administración y Servicios (PAS) en el texto, con una escasa referencia de media página, que puede esconder oscuras intenciones de privatización a través de empresas de servicio. En todo caso, su peso y su representatividad quedan notablemente reducidos.

 

LOS ESTUDIANTES

 

También es sintomática su apuesta por los préstamos a los estudiantes como sustitutivos de las becas, de nuevo a imagen de lo que ocurre en países como los Estados Unidos, que los hipotecan para toda o parte de su vida. Pero esto no debe extrañarnos porque para la banca los estudiantes pasan a ser ‘clientes’.